Trabajo coordinado y escrito por Valentina Oropeza para la unidad de investigación de Contrapunto.com
Las actas de defunción de Bassil Da Costa, Juan Montoya y Roberto Redman concuerdan en fecha y causa de muerte: Miércoles 12 de febrero de 2014; disparo por arma de fuego. Los tres a la cabeza.
Da Costa y Montoya cayeron en la parroquia Candelaria, mientras agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaban contener la llegada de manifestantes que participaban en la marcha organizada por el movimiento estudiantil, y convocada por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, a los alrededores de la sede principal del Ministerio Público (MP) en Parque Carabobo. Redman fue asesinado horas después, en la noche, cuando un motorizado y su parrillero dispararon contra un grupo que protestaba en la avenida San Ignacio del Loyola en Chacao.
Al menos esa fue la versión que contaron testigos que presenciaron el asesinato de Redman, y es la que repite su padre, Derek Redman, cuando se le pregunta cómo marcha la investigación penal del caso. Sin embargo, un informe publicado por la Fiscalía el 31 de enero de este año atribuye la muerte del joven piloto al "efecto del fuego entrecruzado"entre "manifestantes y funcionarios que intentaban controlar el orden público".
Derek Redman se mostró sorprendido con las circunstancias que la Fiscalía refiere en este reporte para el homicidio de su hijo, al ser consultado por Contrapunto vía telefónica. "Hay muchos testigos que vieron a dos personas disparar desde una moto de alta cilindrada. Llevaban capuchas", insistió.
Mientras en el caso de Da Costa hay nueve imputados y en el de Montoya uno, a más de un año del asesinato de Redman los fiscales no han identificado imputados para pedir una audiencia de presentación, y que un tribunal decida si acusa, sobresee o archiva la causa.
Redman es el primero de una lista de 24 casos que se mantienen en fase de investigación, es decir, los fiscales no han encontrado pruebas que vinculen a sospechosos y permitan imputarlos como responsables de los delitos. Según el reporte de la Fiscalía, de los siete que han alcanzado una decisión, sólo llegó a sentencia el expediente de Danny Joel Melgarejo, un joven de 20 años que fue apuñaleado en el sector Palo Gordo de San Cristóbal, el 22 de febrero. Los tribunales condenaron a un menor de edad a cinco años de cárcel y a un adulto a cuatro años y seis meses de prisión por este caso.
Otros seis expedientes fueron sobreseídos: Jimmy Vargas (la Fiscalía dictaminó que cayó desde una azotea accidentalmente en Táchira), Eduardo Anzola (chocó contra una barricada mientras circulaba en una moto en Carabobo), Franklin Romero (falleció por una descarga eléctrica en una barricada en Táchira), Roberto Annese (el MP asegura que murió cuando le estalló un mortero que pretendía lanzar contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en una protesta en el estado Zulia), y Jonathan Martínez (le cayó una valla publicitaria encima, que la Fiscalía asegura intentaba usar como obstáculo en una barricada en Maracaibo).
Aunque Jesús Orlando Labrador falleció tras recibir "varios disparos", el MP archivó el caso, según refiere el informe de enero.
Algunos de los casos que han levantado polémica en la prensa y las redes sociales se encuentran entre los ocho que atraviesan hoy la fase de juicio: Da Costa (fueron imputados siete sebines, un policía nacional bolivariano y un sargento segundo del Ejército); Montoya (está acusado un antiguo miembro del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que coordinaba a más de un centenar de colectivos en la Gran Caracas), Asdrúbal Rodríguez (fue capturado en Altamira y presuntamente asesinado por dos funcionarios de Polichacao en la avenida Boyacá), Geraldine Moreno (están imputados cuatro GNB por el disparo de perdigón que la alcanzó en el rostro); Glidis Chacón (era una funcionaria del Sebin que presuntamente fue asesinada por agentes de Polichacao); José Ernesto Méndez (hay un imputado por atropellar al joven de 17 años en la avenida Perimetral de Carúpano); Génesis Carmona (un estudiante fue acusado de ser "cómplice" en el homicidio de la modelo); y Arturo Alexis Martínez (hay un acusado por haber disparado contra el hermano del diputado oficialista Francisco Martínez).
Versiones dispares
Al contrastar las circunstancias que denunciaron testigos de varios homicidios y que quedaron registradas en algunos videos, con las que reporta la Fiscalía en su informe de enero surgen discrepancias en al menos 15 casos con respecto a cinco categorías: los perfiles de los agresores, las armas utilizadas para perpetrar los delitos, las causas de las muertes, la participación de las víctimas en las manifestaciones y las fechas de los fallecimientos.
En primer lugar, la figura de los civiles armados desapareció de los escenarios en los que testigos atribuyeron la muerte de una víctima a disparos perpetrados por personas que no portaban uniformes que los identificaran como funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Así ocurre con el caso de Roberto Redman, cuya muerte el MP vincula al enfrentamiento entre policías y manifestantes mientras los testigos aseguran que fue un motorizado armado acompañado por un parrillero.
Otro ejemplo es el de Wilfredo Rey Jaimes, quien recibió un disparo en la avenida 19 de Marzo del estado Táchira. La Fiscalía asegura en su informe que Rey fue tiroteado tras pedir a un grupo de manifestantes que lo dejaran pasar. Testigos consultados por la prensa local el día del asesinato contaron que la víctima circulaba por la vía donde protestaban vecinos cuando llegaron motorizados vestidos de civil junto con funcionarios de la GNB, y dispararon contra los manifestantes.
Cuando Wilmer Carballo fue asesinado, el 24 de febrero de año pasado en Carabobo, testigos denunciaron que grupo de civiles armados dispararon contra una concentración de manifestantes en la que se encontraba, según confirmó a Contrapunto Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal y quien ha asesorado a los familiares de la víctima. El MP no precisa de dónde salió aquel tiro. Lo mismo ocurre con el expediente del estudiante tachirense Edicson Tinoco, cuyo asesinato fue atribuido por manifestantes a motorizados armados a los que no se hace alusión alguna en el reporte de la Fiscalía.
En el caso de Guillermo Sánchez no encaja el arma con la que se perpetró el homicidio.Las investigaciones del MP indican que la víctima recibió "un disparo por arma de fuego", una definición genérica que no permite identificar si el tiro provino del arma de un funcionario de cuerpo de seguridad del Estado o de un particular. En contraste, parientes que presenciaron su asesinato en la urbanización La Isabelica alegan que Sánchez fue alcanzado en el tórax por un perdigón, munición propia de las armas que emplean policías y militares para controlar el orden público.
En varios expedientes, las causas de la muerte de la víctima que se describen en el reporte del MP no se corresponden con otras fuentes oficiales. Por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó que Johan Gabriel Quintero falleció el 25 de febrero por un disparo durante un saqueo a un supermercado en Aragua. El MP afirma en su balance que recibió 12 disparos y que el cuerpo fue levantado un día después porque los manifestantes no permitían el paso de las autoridades.
Igualmente el informe de la Fiscalía indica que Jesús Orlando Labrador Castiblanco murió tras recibir "varios disparos por arma de fuego" en la avenida Cardenal Quintero de la ciudad de Mérida. En su momento, el gobernador del estado, Alexis Ramírez, afirmó que falleció por un único disparo que habría sido perpetrado con un rifle casero.
José Alejandro Márquez y Jimmy Vargas son casos elocuentes en los que mutaron por completo las circunstancias de sus respectivos fallecimientos. Aunque un videoaficionado muestra cuando Márquez huía a pie de un grupo de guardias en la esquina Candilito, en la parroquia Candelaria, y cuando es capturado aborda una patrulla, el MP asegura que falleció al caer de una moto.
Por otra parte, la Fiscalía sostiene que Vargas "agitaba una manifestación desde la azotea de un edificio, de la que lanzaba objetos", mientras los familiares aseguran que cayó por el asedio de funcionarios de la GNB. Un videoaficionado, cuya autenticidad no ha sido certificada por la Fiscalía, muestra cuando Vargas cae por accidente cuando trataba de huir, pero no evidencia que participara en la manifestación o lanzara objetos.
El caso de Gisella Rubilar es singular: el MP la identifica en su informe con una fotografía que no es suya sino de una amiga que aparece a su lado en una fotografía, según confirmaron familiares de Rubilar a Contrapunto.
Gisella Rubilar viste una camisa marrón en esta foto. En el informe de la Fiscalía la identifica como la mujer que aparece a su lado con un sombrero
Familiares desinformados
Contrapunto consultó a los parientes y abogados de más de una decena de víctimas y constató que ninguno estaba al tanto de que había sido publicado el informe de la Fiscalía. En los expedientes en los que hay cambios sensibles en las circunstancias de las muertes, los familiares pidieron que no se revelaran sus nombres para evitar que los casos se estanquen o se pierda el contacto con los fiscales que llevan las investigaciones.
A mediados del año pasado Contrapunto inició el seguimiento de los expedientes de los muertos en las protestas de 2014, cuando se cumplían 6 meses desde que Da Costa, Montoya y Redman fueron asesinados. Este monitoreo se sustentó con entrevistas a familiares de víctimas, sus abogados, y fuentes judiciales vinculadas a cada uno de los casos, dado que nunca se concretaron ninguna de las múltiples solicitudes de entrevistas que se formularon al MP para contrastar los hallazgos.
En un primer reportaje titulado "Un adolescente es el único sentenciado por muertes en protestas", publicado por Contrapunto el 18 de julio de 2014, 29 casos figuraban en investigación, uno estaba en audiencia de presentación, siete en audiencia preliminar, cinco estaban en la fase de juicio, y Melgarejo ya era entonces el único expediente donde se había sentenciado a un culpable.
Cinco meses después, la salida de Gabriela Ramírez de la Defensoría del Pueblo coincidió con un hallazgo que tituló aquel reportaje: "Muertos en protestas: No coinciden las listas del MP y la Defensoría", que fue publicado el 19 de diciembre de 2014.
A la lista de 43 casos investigados por la Fiscalía, la Defensoría sumaba otros cinco, mientras que la ONG Foro Penal contabilizaba 44. El Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado alegó que tomaba como referencia el listado de la Defensoría, que fue confeccionado con informes de prensa, tal como confirmaron a Contrapunto fuentes del organismo. Consultado sobre esta diferencia, el actual defensor del pueblo Tarek William Saab respondió que su gestión "no tiene nada que ver" con la de Ramírez, y que la lista de fallecidos que maneja su despacho es la misma que la de la Fiscalía.