Una frontera, como una moneda, tiene dos caras. Dos expresiones. Y muchas razones según sus motivaciones. Mientras la canciller colombiana María Ángela Holguín se plantaba en Cúcuta el pasado lunes junto al Ministro del Interior y el Defensor del Pueblo para reiterar su rechazo al cierre fronterizo por parte del gobierno de Venezuela, la cuenta oficial de noticias de Pdvsa en Twitter se sumaba al trending topic #UribeVenezuelaTeRepudia, en referencia al expresidente colombiano y senador Álvaro Uribe, quien había anunciado su visita al lugar.
De un lado, Holguín insistía en que “no es cerrando la frontera que vamos a poder luchar contra el contrabando”. Desde el otro, en una rueda de prensa ante medios internacionales en el Palacio de Miraflores, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunciaba que “la frontera seguirá cerrada hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida. Va a seguir cerrada, digan lo que digan en Bogotá, en Cúcuta o donde lo quieran decir".
Maduro ordenó el pasado viernes de forma unilateral el cierre de una parte de la frontera con Colombia durante 72 horas, aunque después se extendió de forma indefinida junto a un estado de excepción en diversas localidades del estado Táchira, hasta que se detuviera a los responsables de herir a una patrulla militar venezolana durante un operativo contra el contrabando en la zona. También llamó “cínico” y “asesino” al senador Uribe, a quien volvió a acusar el lunes de promover un supuesto plan para derrocar a su gobierno. Y de eso se trata, dicen voceros de la oposición.
Cuando restan 100 días para que se realicen las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela, Maduro cuenta con una aprobación que oscila entre el 20% y el 30%, según los estudios realizados en las últimas semanas por firmas como Datincorp, Datanalisis e Hinterlaces.
La alianza opositora, a través del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, denunció que Maduro emplea tácticas políticas para crear un estado de “conmoción interna” que le ayude a recuperar algunos puntos de su mermada popularidad, o para tener una excusa que le permita postergar los comicios del 6 de diciembre.
Para eso, apuntan líderes de la coalición opositora, hace falta un enemigo visible, como el gobierno de Guyana, con el que Venezuela reavivó hace tres meses la controversia diplomática por la reclamación del territorio de la Guayana Esequiba. O como Álvaro Uribe, quien ha sido señalado en varias ocasiones por funcionarios del chavismo como artífice de ataques y conspiraciones contra el gobierno de Venezuela, incluso por el fallecido expresidente Hugo Chávez.
Según Torrealba, Maduro “ha intentado ciertas estrategias: por ejemplo la guerra económica; ya el Gobierno tiene los mismos datos que nosotros. Sabe que apenas 5% de la población compra esa tesis como explicación de lo que está pasando. Probó también vender aquella especie de que la inseguridad en Venezuela es importada de Colombia... Esta medida no es para prevenir, es para crear y promover una emergencia. Están buscando que se arme una situación de conflicto para decir que hay un estado de confusión interna y que se dificulta la realización de las elecciones”.
El 14 de julio, Maduro prometió entregar un documento “de alto rango” al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para que lo transmitiera en el programa televisivo que conduce. Se trataba de lo que él llamó la “Operación Tenaza”, una supuesta estrategia tramada desde EE.UU., que pretende, según el alto mando chavista, profundizar dos conflictos en su país: uno con Guyana y el otro con paramilitares colombianos.
En Venezuela, la crisis social obliga a que las decisiones, declaraciones y acusaciones de sus voceros políticos sean diseñadas y ofrecidas según el posible impacto que puedan tener en la base de su electorado. En este caso se refieren a lo mismo, aunque con orígenes diferentes: para quienes hablan en nombre de la oposición se trata de una artimaña política del gobierno. Para el tren gubernamental, de una componenda orquestada por “sectores de la derecha” asentados en la potencia norteamericana.
La polarización que reina en las calles a poco más de tres meses de las elecciones parlamentarias es apenas equiparable al desabastecimiento de productos básicos, las largas colas que se producen en los supermercados, una inflación tan elevada que no cuenta con datos oficiales y una amplia lista de crímenes que ocurren a diario y frente a la cual el gobierno diseñó un plan denominado Operación para la Liberación del Pueblo (OLP).
Desde la instalación de la OLP el pasado mes de julio, con operativos que coordina el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y se activan con la intervención armada de fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno venezolano ha señalado un cáncer único con nombre y apellido que no es, para ellos, el hampa común, sino “paramilitares colombianos”.
Las cifras las dio a conocer Nicolás Maduro en abril: en Venezuela reside un aproximado de cinco millones 600 mil colombianos. Este año, sus autoridades escalaron la deportación de aquellos que están indocumentados y comenzaron a llover denuncias registradas por medios, ONG y organismos oficiales, sobre detenciones masivas, extorsión por parte de efectivos de la Guardia Nacional y maltratos durante los traslados a la frontera.
El lunes pasado, las autoridades de Cúcuta declararon estado de calamidad pública a raíz de las masivas deportaciones. El alcalde de la entidad, Donamaris Ramírez, denunció que a varios ciudadanos les quitaron la cédula venezolana otorgada por el expresidente Chávez: “Anti bolivariano y anti chavista es el gobierno de Nicolás Maduro. Que entienda el presidente Maduro que Bolívar quería era integración, no desintegración. No veo entre ustedes miembros de bandas criminales y menos contrabandistas a gran escala. Veo hechos anti bolivarianos”, escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.
Maduro ripostó desde Miraflores: “Por allí el alcalde de Cúcuta me ataca. ¡En vez de atacarme, salga a la calle a atender a su pueblo, que le va a pasar por encima!... No las he visto, pero me informan que hay imágenes de tremendas colas en gasolineras de Cúcuta, entonces le echan la culpa a Maduro. ¿Yo soy culpable? Que la gasolina ha subido, no sé, a 700 pesos, que no hay productos en los supermercados. ¿Me van a echar la culpa a mi?, yo no soy alcalde de Cúcuta ni gobernador del Norte de Santander”, reclamó.
Los medios instalados en la zona señalan que lo que está ocurriendo podría derivar en una crisis humanitaria por la separación de muchas familias. La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, crítica feroz del gobierno chavista, llegó a señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería prestar asistencia.
En enero de 2015, los 15 cónsules acreditados en Venezuela ya habían sostenido una reunión con Frankceline Brattagoyo, entonces directora general encargada de la oficina de relaciones consulares de la cancillería venezolana. Allí expusieron denuncias de hostigamientos y deportaciones masivas, y solicitaron un protocolo de actuación por medio de notas diplomáticas, pero las repatriaciones se han intensificado y el cierre de la frontera entre Táchira y Cúcuta agrava la situación.
Los reportes de Acnur indican que en 2015 se han deportado a cerca de 3000 colombianos. Para tener una idea clara sobre esta política implementada por Venezuela, basta comparar dos cifras: entre enero y abril de este año, según informes de Migración Colombia, el Estado venezolano había expulsado a 1550 colombianos; solamente entre viernes y lunes, según las declaraciones que diera la canciller Holguín, fueron 751, incluyendo a 139 menores de edad.
“No podemos ocultar que los paramilitares han sembrado miedo en la población tachirense”, declaró Sebastiana Barráez, columnista con experiencia en la fuente militar, pero advirtió en un contacto radiofónico que “se está reeditando el sentimiento negativo entre pueblos que son hermanos”. La periodista avaló el operativo, aunque a través de su cuenta en Twitter indicó que el gobierno de Venezuela no quiere tocar a la guerrilla, que también domina el crimen en varios puntos de ese extenso límite territorial. Barráez recordó que muchos uniformados venezolanos están involucrados con grupos irregulares y que, para ella, “decir que responden Álvaro Uribe es mucho, ellos responden a sus intereses".
Una frontera, como una moneda, tiene dos caras. Esta situación no es novedosa. En una zona que vive la creciente militarización de su vida social, domindada por el contrabando y con documentada presencia de guerrilleros y paramilitares; los impasses, tensiones y conflictos han surgido desde los años ochenta y se han resuelto en beneficio de la economía de ambos países.
Este miércoles corresponde a las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez sentarse en Cartagena a negociar una salida a la crisis que tiene a muchos justos padeciendo –humillados, atrapados o deportados– por la acción de unos pocos pecadores, mientras en Venezuela se libra una batalla política por otros cierres, menos territoriales y más electorales: esos que determinan sus posibilidades de cantar victoria el próximo 6 de diciembre.
Foto: AFP
Este texto fue publicado originalmente en las versiones digital e impresa del diario El Espectador.