Las tensiones bilaterales contemporáneas entre Colombia y Venezuela no son una novedad: datan de los años ochenta, por el incidente en el Golfo de Venezuela, y se hicieron intensas con los mandatos de Chávez y Uribe, pero antes hubo un repunte, durante los gobiernos del fallecido mandatario venezolano Rafael Caldera y su homólogo colombiano Ernesto Samper, hoy convocado a mediar como Secretario General de la Unasur.
(Texto publicado originalmente en el diario El Espectador con el título: Bitácora de una decepción).
Una columna criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó un puesto fluvial de la Armada venezolana en el estado Apure en febrero de 1995 y mató a ocho infantes de marina. En el hecho hubo cuatro heridos, tres desaparecidos y dos degollados. Se conoció como “La masacre de Cararabo” y dio inicio a un nuevo período de conflictos bilaterales entre Venezuela y Colombia.
Actualmente, ambas naciones reviven una crisis similar mientras sus presidentes y cancilleres debaten sobre la normalización de las relaciones en la frontera que divide a ambos países por el estado Táchira y el norte de Santander, y que fue cerrada de forma unilateral el pasado 21 de agosto por orden del Mandatario venezolano Nicolás Maduro.
La decisión se tomó luego de que una patrulla militar de Venezuela fuera atacada a balazos mientras realizaba un operativo contra el contrabando en la zona. El Presidente venezolano decretó estado de excepción en seis municipios fronterizos, desplegó un operativo para hallar a los criminales y, en medio de acusaciones al senador Álvaro Uribe, a quien llamó “asesino”, señaló como responsables –una vez más– a paramilitares colombianos.
El área es desde entonces foco de denuncias, amenazas y lamentos por parte de habitantes y viajeros que quedaron atrapados, o por parte de miles de colombianos sin documentos que están siendo expulsados de Venezuela y alojados en albergues provisionales en Cúcuta. Algunos, incluso, después de haber visto cómo los militares en Táchira marcaban sus casas para después demolerlas.
Políticos y analistas han alertado públicamente sobre una posible “crisis humanitaria” debido a estas masivas deportaciones, mientras el gobierno de Colombia, a través de un comunicado de la Cancillería, informó que su prioridad, además de avanzar por canales diplomáticos, es “garantizar los derechos de sus connacionales” e intentar la “reunificación de padres con sus hijos menores de edad, y el retorno a sus hogares de origen”.
“Hacemos un llamado a la dirigencia política de ambas naciones para que no caigan en la tentación facilista de utilizar la compleja situación que vivimos para pescar en río revuelto con el fin de obtener beneficios electorales... Los adjetivos y las descalificaciones personales en contra del expresidente Álvaro Uribe deben ser rechazados”, reza el comunicado.
El pasado miércoles, después de una reunión de siete horas entre las cancilleres de Colombia, María Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, no se pudo llegar a un acuerdo para reabrir la frontera. La ministra colombiana intentó inyectar esperanza al declarar que “de la línea de cooperación con Venezuela no nos va a sacar nadie... ”, mientras que Rodríguez atacó una vez más a los medios de comunicación: “le hemos hecho saber a Colombia que hay una especie de manipulación mediática que ha mentido sobre supuestas agresiones a colombianos”.
La ficha Samper
“Las deportaciones de colombianos desde Venezuela enrarecen el clima de opinión necesario para perseguir a los paramilitares colombianos que sí están traspasando las fronteras”, escribió el pasado lunes en su cuenta de Twitter el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, tras ser convocado por Nicolás Maduro para ayudar a solucionar el conflicto.
Las posturas y declaraciones de Samper, que aceptó colaborar en la mediación, lo han dejado en medio de un fuego cruzado de opiniones. El Ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, señaló en un contacto telefónico con Blu Radio que entendía “la posición de la opinión pública colombiana frente a la postura de Unasur en relación a esta crisis que ha debido ser más equilibrada”.
Precisamente Samper era presidente de Colombia cuando ocurrió la Masacre de Cararabo perpetrada por el ELN, y durante su gobierno se agudizó la crisis bilateral entre ambos países en 1996.
En aquel momento, la presidencia de Venezuela estaba en manos de Rafael Caldera, quien había protestado por el retraso en la extradición del narcotraficante Larry Tovar Acuña, y el 15 de marzo inició la deportación de unos 400 ilegales colombianos, supuestamente sembradores de amapola en la sierra de Perijá, en el fronterizo estado Zulia.
El operativo fue respondido con una nota de protesta por parte del gobierno de Samper, debido a que Venezuela había adelantado el procedimiento, acordado por ambos países para el 31 del mismo mes.
Señala el historiador Miguel Ángel Hernández en su trabajo “Colombia-Venezuela: entre la tensión y la integración”, que esa misma semana, Colombia denunció el sobrevuelo de aviones de guerra venezolanos sobre su espacio aéreo, y en mayo, el comisario de la policía política venezolana, Eduardo Iglesias, fue acusado por la Fiscalía General de Colombia de pertenecer a una red internacional de robo de vehículos.
El malestar entre ambos países aumentó y “se complementó con la parálisis casi total de todos los mecanismos de interlocución política”, apunta Hernández. Samper ofreció en julio de 1996 un discurso ante el Congreso, y señaló que militares venezolanos podían haber estado implicados en la venta de armas al narcotráfico y la guerrilla, lo que volvió a levantar revuelo en el gobierno de Venezuela y buena parte de su opinión pública.
Recuerda Hernández que este hecho “descartó la posibilidad de una cumbre presidencial entre Caldera y Samper, propuesta originalmente para realizarse en el departamento colombiano de Arauca”, que finalmente se llevó a cabo en agosto de ese año, luego de cuatro convocatorias fallidas.
A pesar del estancamiento del diálogo bilateral, afirma el historiador, ese año fue importante en el desarrollo posterior de las relaciones por dos situaciones: la posición de los gobernadores venezolanos fronterizos de abrir un espacio para las negociaciones directas con los guerrilleros, y la primera muestra que dio el gobierno venezolano para colaborar en el proceso de paz, cuando su canciller de ese momento, Burelli Rivas, se ofreció a ayudar en la liberación de 60 soldados en poder de la guerrilla.
Al principio fue el Golfo
El anuncio fue breve e inesperado: se interumpió la programación de la Radio Nacional y de las tres cadenas de televisión en Colombia. Eran las 11:45 pm del lunes 17 de agosto de 1987. El entonces presidente Virgilio Barco le iba a hablar al país “en los próximos minutos”. Con un lacónico mensaje que duró 51 segundos y fue transmitido solamente por radio al filo de la medianoche, supo la población que algo grave ocurría con Venezuela.
La Organización de Estados Americanos (OEA), y el Presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, exhortaban a Colombia y Venezuela a adoptar medidas para aliviar las tensiones producto de una amenaza de guerra entre ambos países. El origen: un incidente con embarcaciones militares –buques y corbetas– que medían fuerzas sobre las aguas del Golfo de Venezuela, un terriotorio en disputa.
“...el gobierno de Colombia, fiel a los principios de la solución pacífica de la controversia, y consecuente con su tradicional voluntad latinoamericana, ha ordenado las medidas pertinentes para contribuir a la normalización de la situación creada, y confía en que el gobierno de Venezuela hará lo propio”.
En toda guerra, se ha dicho, la primera víctima es la verdad, aunque no estallen balas, bombas o misiles. Virgilio Barco, sus ministros y altos mandos militares en Colombia, y el presidente de ese momento en Venezuela, Jaime Lusinchi y los suyos, evitaron el conflicto armado y aprovecharon la tensión para barajar cartas políticas dentro de sus confines, en nombre –cómo no– de la soberanía y la protección del pueblo.
Este episodio marcó el inicio de unas relaciones complejas entre dos naciones que comparten una muy extensa frontera de 2.219 kilómetros continuos, y un cruce natural de millones de habitantes entre ambos territorios.
“Entre 1989 y 1994, las relaciones colombo-venezolanas experimentaron una transformación de 180 grados. El clima prevaleciente, auspiciado por la voluntad política de los gobiernos y con la iniciativa privada como pivote de la integración, se caracterizó por el acuerdo y la cooperación. Si bien las actividades fronterizas de la guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia común se mantenían, hubo entedimiento y negociación”, señala Hernández.
El toma y dame entre Chávez y Uribe
En 2004, Chávez dio inicio a un proceso de flexibilización para que los extranjeros indocumentados en Venezuela legalizaran sus documentos y, según una fuente consular de Colombia en Venezuela, más de 500 mil colombianos se beneficiaron con la medida, que tuvo réditos electorales, pues un gran porcentaje de ellos habría votado a favor del chavismo en las elecciones regionales de octubre de ese año.
Sin embargo, hubo momentos de tensión y mutuas acusaciones entre los presidentes de entonces, Álvaro Uribe, en Colombia, y Hugo Chávez, en Venezuela, que preocuparon a los ciudadanos de ambos países.
El 08 de mayo de 2004 fueron detenidos en Caracas 133 jóvenes acusados de ser paramilitares colombianos que participaban en la simulación de un levantamiento militar. En ese momento, Chávez atacó fuertemente al jefe del Comando Sur estadounidense, el general James Hill, y al jefe del ejército colombiano, general Martín Carreño, quien denunció de forma abierta y en repetidas ocasiones supuestos nexos entre las Farc y el gobierno de Venezuela.
El 13 de diciembre de ese año, Ricardo González, conocido como Rodrigo Granda, el canciller de las Farc, fue capturado ilegalmente en Caracas por una acción encubierta de agentes de seguridad de Colombia, con colaboración de la policía política de Venezuela. Sin embargo, autoridades colombianas quisieron hacer ver que la detención se realizó en Cúcuta. La confusión sobre el proceso de captura levantó una polvareda diplomática y la Asamblea Nacional venezolana anunció entonces que investigaría si había existido una violación a su soberanía.
Tres años más tarde y con ambos presidentes reelectos, Uribe suspendió públicamente y sin previo aviso la condición de su homólogo Chávez como mediador para el Acuerdo Humanitario con las FARC y de paz con el ELN, lo que fue tomado como una afrenta por la diplomacia venezolana, que entonces tenía a Nicolás Maduro como Canciller.
En marzo de 2008, Chávez cerró la embajada de Venezuela en Colombia y ordenó el envío de 10 batallones hacia la frontera, porque –dijo– él no iba a negociar con un “Estado terrorista”, en alusión al operativo militar colombiano en territorio ecuatoriano en el que murieron alias "Raúl Reyes" y otros 16 insurgentes de las Farc.
En julio de 2009, el cruce de señalamientos y acusaciones se reavivó cuando Colombia autorizó la instalación de bases militares de Estados Unidos en su territorio, lo que fue entendido por Venezuela como una amenaza. Días más tarde, Uribe acusó al gobierno de Chávez de suministrar cohetes antitanques a las FARC.
Finalmente, en julio de 2010, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia a raíz de las denuncias que presentó Bogotá ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la supuesta existencia de campamentos de las FARC y el ELN en territorio venezolano. Sin embargo, no hubo cierre de fronteras.
Un mes más tarde tomó posesión de su primer mandato Juan Manuel Santos y, tras sostener una reunión de cuatro horas con Hugo Chávez, las relaciones diplomáticas fueron restablecidas.
En agosto de 2014, Nicolás Maduro, ahora como Presidente, decretó el cierre nocturno de la frontera con Colombia para frenar el “contrabando de extracción” de bienes como combustible y alimentos, y a los pocos días Juan Manuel Santos declaró que había intervenido para que desde Venezuela se llevara comida a la población Wayúu de la Alta Guajira, entonces afectada por la medida.
Colombia suspendió la opción del visado Mercosur para los venezolanos como medida de reciprocidad a finales de año, pero no hubo una tensión abierta en la frontera ni una crisis bilateral que hiciera sonar las alarmas diplomáticas, como ahora.
